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Condenan a altos funcionarios estatales cubanos por corrupción

Posted on Monday, 12.08.08
Condenan a altos funcionarios estatales cubanos por corrupción
By WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Dos altos funcionarios de operaciones comerciales del Ministerio de la
Construcción (MICONS) fueron sancionados a 20 años de cárcel por actos
de corrupción y transacciones ilícitas, según confirmaron desde La
Habana fuentes familiarizadas con el caso.

Carlos García, director de Negocios de Comercial Guamá, y Miguel
Quintana, director de la empresa importadora MATCO, ambas entidades bajo
la sombrilla del MICONS, fueron sentenciados a comienzos de año por el
Tribunal Provincial de Ciudad de . El Tribunal Supremo Popular
ratificó la sentencia el pasado julio.

Según fuentes consultadas por El Nuevo Herald, el caso comenzó a
investigarse en el 2007 y fue conducido por el órgano de instrucción de
la Seguridad del Estado en La Habana. El cubano ha mantenido
estricto silencio sobre el proceso judicial y las sentencias dictadas.

Al menos dos personas relacionadas con los pormenores del proceso
dijeron haber visto las conclusiones acusatorias contra García y
Quintana, y aseguran que los cargos presentados incluyen soborno,
malversación de recursos, robo y tráfico de influencias.

"Los tipos estaban en todo, hacían operaciones de compraventa de
materiales de construcción en el exterior y se embolsaban jugosas
comisiones'', manifestó una fuente bajo condición de anonimato.

Comercial Guamá es la principal firma comercializadora estatal de
equipos y materiales de construcción. Comercial MATCO está dedicada a la
importación y exportación de mármol y otros suministros relacionados con
esta industria.

Los testimonios reunidos por El Nuevo Herald desde el pasado julio
indican que ambos funcionarios se involucraron en transacciones
fraudulentas relacionadas con la venta de mármol, adquisición de equipos
y proyectos constructivos en el exterior.

"En esas operaciones pagaban comisiones y al parecer les fueron
detectadas cuentas personales en el extranjero'', señaló un empleado del
MICONS.

El testimoniante agregó a El Nuevo Herald que "se trataba de un negocio
altamente lucrativo'' y que los acusados estaban desarrollando un
proyecto de edificaciones en la ciudad portuaria de Manzanillo, en el
estado mexicano de Colima.

"Incluso llegaron a explorar el mercado de para adquirir
unas palas mecánicas a través de una empresa extranjera'', dijo la fuente.

La ilegal Comisión Cubana de y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) manifestó desde La Habana que tenía "algunos elementos'' del
caso, pero señaló que ha habido un férreo control sobre la información
del proceso judicial.

"Sabemos que las sentencias fueron ratificadas, pero no hemos podido
confirmar siquiera las prisiones adonde han sido llevados'', dijo el
activista Elizardo Sánchez, de la Comisión. "Las familias han
sido refractarias a ofrecer información sobre lo sucedido''.

Se considera que es el mayor caso de delitos de cuello blanco que se
destapa en Cuba desde el 2003, cuando once funcionarios y empleados de
la megacorporación CIMEX y del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX)
fueron encausados por trasiegos ilícitos y manejos fraudulentos
relacionados con empresas extranjeras. Los acusados fueron sentenciados
a penas entre 20 y cuatro años de prisión.

Los primeros indicios del caso de García y Quintana emergieron
justamente en momentos en que el gobierno del entonces mandatario
interino Raúl Castro anunció una campaña para frenar el descontrol
administrativo, la corrupción, el robo y las ilegalidades laborales, en
agosto del 2007.

En esa ocasión Raúl Castro emitió el decreto-ley 25/2007, que estipula
severas sanciones para aquellos cuadros administrativos del Estado y el
gobierno cubanos que violen las normas de disciplina laboral, desde las
ausencias y llegadas tarde al trabajo hasta la apropiación indebida de
bienes estatales.

A comienzos de este año, el MINCEX canceló las licencias de 14 firmas
extranjeras por presuntas actividades ilícitas que vinculaban a
dependencias estatales bajo el control de GAESA, el consorcio
empresarial de las Fuerzas Armadas que administra el yerno de Raúl
Castro, el mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas.

Desde que fue oficialmente designado al frente del Consejo de Estado, el
24 de febrero, Raúl Castro ha insistido en aplicar mano dura contra la
corrupción gubernamental, las deformaciones burocráticas y el
despilfarro en los organismos estatales.

La Fiscalía General ha creado un equipo anticorrupción para combatir el
flagelo en las altas esferas gubernamentales y empresariales.

En un esfuerzo de centralización del comercio exterior, el Gobierno
prohibió las operaciones mercantiles a 29 empresas estatales y modificó
el listado de productos autorizados a importarse por los organismos
competentes, según la resolución 193/2008 del pasado julio. Comercial
MATCO permaneció en la lista de empresas que mantuvieron sus capacidades
de importación y exportación.

Con esa medida, el gobierno de Raúl Castro dio un paso firme hacia la
reinstalación del monopolio que habían perdido las empresas de comercio
exterior hacia 1994, cuando se descentralizaron las gestiones de
compraventa externa en favor del fabricante, con el fin de reducir costos.

El proceso contra García y Quintana estaba ya cerrado cuando surgieron
las disposiciones para enfrentar la "situación especial'' creada tras el
paso devastador de los ciclones Gustav e Ike entre agosto y septiembre
últimos.

De acuerdo con la Instrucción 188 del Tribunal Supremo Popular –emitida
el 22 de septiembre– en casos de personas que pretendan obtener
provecho personal ilícito o incurran en robos de la propiedad estatal,
los transgresores podrán ser sancionados con agravación extraordinaria
de las condenas (el doble de la sanción prevista en el Código Penal
vigente), y enviados a cumplir trabajo correccional en labores de fuerte
impacto social como la construcción, la y los servicios
comunales. La instrucción no ha sido publicada hasta el momento.

"Creo que deben sentirse dichosos [García y Quintana] de haber sido
juzgados antes de que pasaran los ciclones'', expresó un abogado
criminalista desde La Habana. "Los tribunales están en un estado de
máxima crispación y hay instrucciones de actuar con la máxima severidad,
y eso siempre deriva en excesos e injusticias''.

En las últimas semanas también han circulado versiones extraoficiales
sobre la presunta destitución del asistente personal de y
diputado, Carlos Valenciaga, por apropiación indebida de bienes
estatales y desviación de fondos de la llamada "Batalla de Ideas''.

http://www.miamiherald.com/1321/story/805195.html

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