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Sociedad civil se abre espacio entre las reformas cubanas

Sociedad civil se abre espacio entre las reformas cubanas
Por Ivet González

CÁRDENAS, Cuba, 15 oct 2014 (IPS) – Cafeterías, empresas inmobiliarias,
taxis y otros pequeños negocios de propiedad privada y cooperativa en
Cuba significan más que oxígeno para la deprimida economía local y
chispas de prosperidad en el paisaje de sus ciudades y pueblos.

Aunque con “limitaciones y deficiencias”, este creciente sector mueve la
pequeña sociedad civil del país de gobierno socialista y sistema
centralizado, que comenzó poco a poco en 2008 a liberalizar su estancada
economía.

“Es un momento de avance que hay que aprovechar para seguirlo
profundizando y orientando en una dirección más solidaria e integrada a
la comunidad”, dijo a IPS el psicólogo Ovidio D’Angelo, durante el
coloquio “Cuba: soberanía y futuro”, desarrollado el 10 y 11 de octubre.

Temas polémicos dentro de esta isla caribeña, como la soberanía
ciudadana centraron la primera actividad del joven proyecto Cuba
Posible, donde participaron 64 intelectuales y activistas de cinco
provincias.

Apoyado por la noruega Universidad de Oslo, el proyecto es una idea de
los laicos católicos Roberto Veiga y Lenier González, acogida por el
ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), con
sede en esta ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana.

La iniciativa ciudadana, que toca problemas candentes relativos a la
política, realiza encuentros y aspira a tener un sitio digital y editar
cuadernos en versiones impresa y digital, sobre el presente y futuro cubano.

Actualmente se registran 473.000 trabajadores en las 188 actividades
permitidas a su ejercicio por cuenta propia, 28.000 más que al comenzar
el año. Pero son pocos, comparados con los casi cinco millones de
empleados por el Estado.

Además, el Consejo de Ministros aprobó 498 cooperativas no
agropecuarias, de las cuales 283 ya están constituidas. Estas
asociaciones económicas, muy extendidas en el agro, se permiten desde
2012 en servicios gastronómicos, reciclaje de basuras o transporte,
entre otros.

“Ambas son la punta de lanza hacia una sociedad civil más abierta”,
valoró D’Angelo, investigador del sector en el país, donde se comenzó a
hablar de organizaciones ciudadanas en los años 90.

El especialista del estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas de La Habana remarcó que los emprendimientos privados y las
nuevas cooperativas fueron permitidas solo para paliar “las plantillas
laborales infladas y las ineficiencias de las empresas estatales”.

Cuando en 2010 las autoridades informaron sobre la ampliación del sector
privado, presentaron la estrategia como la alternativa para las 500.000
personas que quedarían cesantes al cierre de 2011. Después los medios de
comunicación oficiales comunicaron que se extenderían los plazos para
culminar los despidos masivos del sector estatal.

Desde entonces, han trascendido pocas y aisladas cifras sobre lo que el
gobierno define como reordenamiento laboral.

Se supo que, entre 2010 y 2013, se redujeron 109.000 puestos de trabajo
en los servicios de salud. También se anunciaron recortes en la
administración central del Estado y en el Ministerio de la Agricultura.

Por ello, D’Angelo llamó a “buscar una mayor conexión (de agentes
privados y cooperativistas) con el tejido social de las comunidades”.

Hasta ahora, la participación ciudadana en el proceso de cambios
económicos ha sido “formal, epidérmica, acotada, utilitaria e
intermitente”, valoró el economista Ricardo Torres, en los debates del
coloquio.

Como ejemplo, citó el hecho de que “un grupo de personas decidió las
actividades que un ciudadano puede realizar privadamente”. Lamentó que
no haya habido previamente consultas populares y que se excluyeran
sectores como consultorías y otros más atractivos para la gran masa de
profesionales.

“Vivimos (durante las reformas) un momento de relación estable y
tranquila con las autoridades”, afirmó a IPS la presbiteriana Rita María
García, directora del CCRD-C, una de las más de 2.200 entidades
registradas como asociación nacional en el Ministerio de Justicia.

“Al menos hoy en día se reconoce que hacemos un trabajo social y
comunitario apreciado, desde la educación hasta el cuidado ambiental, e
incluso en comunidades que sintieron la desatención estatal”, consideró
la también integrante del comité rector de Cuba Posible.

Para García resulta necesario que, “de la misma manera que el Estado ha
reconocido que no puede llevar solo la carga económica, debe hacerlo con
la carga social en la atención de ancianos, discapacitados y personas
con el virus de inmunodeficiencia humana, entre otros”.

En sus 23 años de activismo, el CCRD-C ofrece servicios de atención a
adultos mayores en sus hogares, consulta psicológica a niños,
adolescentes y jóvenes víctimas de abuso sexual articulada a las
instituciones locales, ha creado más de 300 plantas de biogás, promueve
la agroecología y la equidad de género, entre otros.

Pero García criticó que “todavía instituciones como la nuestra no tienen
mayor amplitud” y “seguimos esperando cambios como la nueva ley de
asociaciones”.

Sin que se conozca cuando ni sus alcances, desde hace años circula el
rumor de que será actualizada la Ley de Asociaciones, en vigor desde 1986.

La norma vigente permite crear sociedades científicas o técnicas,
culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y
solidaridad y otras que “se propongan fines de interés social”.

Pero niega la inscripción en la cartera de justicia cuando las
actividades propuestas “pudieran resulta lesivas al interés social” o ya
exista otra con objetivos similares.

“Aunque ahora contamos con un escenario mucho más heterogéneo, las
opciones de autonomía ciudadana y libre asociación siguen limitadas”,
dijo por correo electrónico a IPS el activista Maykel González, del
Proyecto Arcoíris, que aboga por el respeto a la libre orientación
sexual e identidad de género.

El también periodista percibe que “la reforma ha acelerado el tránsito
hacia la madurez de la sociedad civil”. Remarcó que “falta,
evidentemente, educación política”.

Estudios locales y foráneos difieren al describir la sociedad civil cubana.

Las definiciones más amplias incluyen las asociaciones fraternales,
culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones
religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de
investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios;
cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes.

La oposición interna es ilegal y vista por el gobierno cubano como
pequeños grupos sin base social, mercenarios cuya existencia responde
únicamente al apoyo logístico y financiero de Washington, su enemigo
ideológico desde hace más de medio siglo.

Editado por Estrella Gutiérrez

Source: Sociedad civil se abre espacio entre las reformas cubanas | IPS
Agencia de Noticias –
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