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Eliminar el embargo, una responsabilidad compartida

Eliminar el embargo, una responsabilidad compartida
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 22 Ene 2015 – 9:00 am.

El Gobierno debería implementar cambios para crear un escenario
favorable a la derogación de la Ley del embargo. La pelota está del lado
cubano.

En un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde el pasado sábado,
la periodista Juana Carrazco plantea que la suspensión del bloqueo no es
prerrogativa presidencial, sino del Congreso estadounidense y que aún no
hay señales en ese órgano que indiquen la intención de suprimirlo. Más
adelante cita las palabras de Raúl Castro —pronunciadas ante dos
senadores norteamericanos en 1977— donde expresó: “Nuestras
organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente
que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue
destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del
puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano,
sin ganadores ni perdedores”. Y concluye con la siguiente pregunta:
“¿Está dispuesto Estados Unidos a llegar a unir las dos partes de este
puente, quitando el muro que significa el bloqueo económico, comercial y
financiero a Cuba?”

El artículo da por sentado que el diferendo es responsabilidad única de
Estados Unidos, desconociendo incluso el mensaje citado por ella misma,
donde el actual mandatario cubano reconoce el carácter bilateral del
conflicto. Carrazco parece desconocer que las confrontaciones ocurren
cuando la política se sustituye por la fuerza y que cuando las partes
involucradas fracasan por esa vía se ven obligadas a negociar, es decir,
a regresar a la política. Por tanto, al optarse por la negociación, se
elige un camino que implica el reconocimiento del fracaso y la
disposición a ceder. Por esas razones, al dirigir su pregunta a una sola
de las partes, su artículo pierde objetividad y sentido.

Como consecuencia del conflicto surgido a raíz de la nacionalización de
las propiedades norteamericanas en Cuba y de las diferencias políticas
entre ambos gobiernos, Estados Unidos decidió romper las relaciones
diplomáticas en 1961. Seguidamente apadrinó el desembarco por Bahía de
Cochinos, recrudeció el embargo comercial, ordenó el bloqueo naval de la
Isla, apoyó los alzamientos contra el Gobierno cubano, dictó las leyes
Torricelli y Helms-Burton, hizo público un plan para “acelerar la
transición hacia la democracia en Cuba” y anunció la creación de un
Fondo para la Libertad. Todo eso es cierto.

También es cierto que el Gobierno de Cuba barrió con la sociedad civil,
concentró todos los medios de producción en manos del Estado, proclamó
el carácter socialista de la revolución, instaló los misiles nucleares
soviéticos en la Isla, promovió las guerrillas en casi toda la región,
envió fuerzas militares a combatir a diferentes lugares de África, apoyó
el golpe de Estado de Maurice Bishop en Granada y gastó incalculables
recursos en propaganda política, actos, movilizaciones y marchas contra
Estados Unidos.

Resultado de esas medidas, el Estado cubano asumió un control absoluto
sobre la política, la economía y la cultura, a la vez que generó el
desinterés de los cubanos por la gestión social en general y por la
economía en particular, lo que condujo a la inviabilidad del modelo
implantado y a la crisis en que se encuentra el país. En ese estado de
indefensión, la política norteamericana hacia Cuba, en lugar de
contribuir al fortalecimiento de nuestros espacios, los enrareció; en
vez de protegernos frente a la arbitrariedad del Estado, colaboró con
ella; en vez de promover climas de confianza para el avance de los
derechos humanos, los hizo retroceder.

El escenario resultante de la confrontación comenzó a ceder. Por la
parte cubana, a partir del cambio de poder efectuado en julio de 2006,
cuando se reconocieron los fracasos en la agricultura, se inició
tardíamente la implementación de reformas tímidas y limitadas, se
reiteró la disposición de normalizar las relaciones con Estados Unidos.
Por la parte norteamericana el giro tuvo su punto de partida con las
medidas implementadas en marzo de 2009, que permitieron a los
cubanoamericanos, con un parentesco de hasta tres generaciones, viajar
anualmente a la Isla, gastar hasta 179 dólares diarios y solicitar un
permiso adicional, por emergencia familiar; además de autorizarse la
venta de alimentos y medicinas al Gobierno de Cuba sin pagos por adelantado.

Esos pasos, de una y otra parte, condujeron a las conversaciones
secretas desarrolladas desde el año 2013 y a las declaraciones de ambos
gobiernos el 17 de diciembre pasado, dando nacimiento a un nuevo
escenario, cuyo primer paso son las negociaciones del 21 y 22 de enero.

Previo al inicio de las negociaciones, Estados Unidos realizó enmiendas
en las normas de los Departamentos del Tesoro y del Comercio, y puso en
vigor algunas de las medidas anunciadas el 17 de diciembre. Con ellas,
poco a poco, desde las prerrogativas presidenciales, se va debilitando
la Ley del embargo. A esos pasos se une el mensaje de Barack Obama sobre
el Estado de la Nación —ante un congreso mayoritariamente republicano—,
pronunciado el 20 de enero, donde planteó enfáticamente que el embargo
debe ser eliminado en el presente año.

Esa disposición de Estados Unidos quita todo sentido a la pregunta de
Juana Carrazco, acerca de si Estados Unidos está dispuesto a unir las
dos partes del puente e indica que el artículo de Juventud Rebelde
requiere ser complementado con la siguiente pregunta: ¿También Cuba está
dispuesta o a unir las dos partes del puente?

La pelota está del lado cubano. El Gobierno debería implementar cambios
dirigidos a facilitar el efecto de las medidas estadounidenses, para
crear un escenario favorable a la derogación de la Ley del embargo. Las
medidas en este sentido ayudarían a desbloquear las fuerzas que se
oponen a su suspensión. A la vez fortalecerían al sector privado y
facilitarían el surgimiento de una clase media. Sería necesario rebajar
los aranceles para permitir a los del patio adquirir productos e
implementos sin depender del monopolio del comercio estatal, facilitar
el uso generalizado de las telecomunicaciones a precios accesibles.
Medidas que constituyen una exigencia del desarrollo y de la modernidad.
Le corresponde, pues, al Gobierno cubano mover las fichas en esa
dirección, no solo para la normalización de las relaciones, sino para lo
más importante: devolver a los cubanos los derechos y libertades
secuestrados durante la confrontación, sin lo cual no habrá resultados
positivos.

Con ese paso, junto a las relaciones con Estados Unidos, Cuba podría
iniciar un proceso dirigido a mejorar la economía del país, con los
cubanos reconvertidos en ciudadanos, una condición ineludible para sacar
al país del empantanamiento en que se encuentra. En este sentido Cuba
posee ventajas para implementar las medidas necesarias, pues la
inexistencia de la división de poderes, le permite al Presidente
implementar cambios sin correr el riesgo de que el parlamento unicameral
cubano lo rechace, como podría ocurrir en Estados Unidos.

Source: Eliminar el embargo, una responsabilidad compartida | Diario de
Cuba – http://www.diariodecuba.com/cuba/1421874410_12452.html

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