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Ni alimentos ni seguridad jurídica

Ni alimentos ni seguridad jurídica
HÉCTOR REYES | Cienfuegos | 24 Mar 2015 – 5:03 pm.

‘¿Qué seriedad puede haber con los internacionales, si los contratos con
el pueblo dejan de existir sin más’, se quejan los campesinos
desahuciados en Cienfuegos.

Campesinos del poblado de Cartagena, en Cienfuegos, recibieron un
ultimátum por parte del delegado de la Agricultura para que entreguen
sus tierras en un estimado de 15 días. En la misma situación se
encuentran otros territorios centrales.

Las tierras fueron otorgadas en usufructo por el derogado Decreto Ley
259, actual 300. La legislación y sus resoluciones complementarias
fueron promulgadas para perfeccionar la 259, vigente desde 2008.

Según datos del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), más de 170.000
campesinos se acogieron al decreto en la Isla. Se entregaron en
usufructo más de un 1.500.000 hectáreas, de las que se puso en uso el 90%.

El Decreto Ley 300, según la prensa oficial, “corrige las limitantes del
anterior, y pone en explotación 975.000 hectáreas” ociosas, en concepto
de usufructo gratuito y por tiempo determinado, a personas jurídicas o
naturales para la explotación racional y sostenible.

El 20 de septiembre de 2012 entró en vigor el Decreto-Ley 300
—Resolución Conjunta del Ministerio de la Agricultura y el Instituto de
Planificación Física— “para asegurar la sostenibilidad de las áreas
dedicadas a la producción de alimentos”.

Desde 2008 se viene entregando tierras, pero los precios de los
alimentos siguen ascendiendo. “No nos creamos que porque cada vez hay
más campesinos produciendo los precios van a bajar. Eso no funciona
así”, opinó un internauta en un medio oficial.

Compromisos incumplidos

Bajo los influjos de la legislación actual, cientos de campesinos y
algunos poblanos negociaron caballerías de tierra, mayormente con fines
ganaderos, sin dejar de comerciar responsablemente con el propio
Gobierno provincial.

Luego de firmar el contrato y el certificado de cinco años; tras la
labor de desbroce de maleza y acondicionamiento de las tierras que no
producían en más de una década, y cuando ya los campesinos empezaban a
ver el fruto de su trabajo, ahora deberán entregarlas.

Desde hace tiempo corre el rumor del ultimátum. Los cartageneros alegan
que todo se debe a que el central 5 de septiembre, enclavado en la zona,
fue arrendado hace dos años la empresa brasileña Odebrecht, que desea
las tierras para sembrar caña.

¿Seriedad?

Jesús Ramírez Cruz y sus hijos recibieron en usufructo tres caballerías
para ganado, específicamente para la ceba de toros y ordeño. Su registro
catastral, avalado por GeoCuba, plantea una producción del 30 al 50%. O
sea, “mala calidad”.

“El delegado de la Agricultura de Lajas nos dio 15 días para entregar
las tierras y hasta mandaron una brigada a cortar los arbustos, por lo
que, pusimos una demanda en la Fiscalía, porque eso no se debe permitir,
porque se sienten con derecho”, argumenta Ramírez Cruz.

Las tierras estarán en poder de los Ramírez hasta que vendan la última
res al Gobierno. Luego deberán abandonar esta forma de vida y el
contrato con el que entregaban cerca de 80 toros cebados a una empresa
militar.

Las tierras fueron repartidas por el Gobierno municipal y el Ministerio
de la Agricultura bajo un contrato de diez años y certificado de cinco;
incluso, incitaron a los arrendados a mudarse al campo con toda la familia.

“¿Qué seriedad puede haber para que el país haga un contrato
internacional, si los contratos con el pueblo, con mi Gobierno
municipal, dejan de existir así, sin más”, comentó Ramírez Cruz.

Otro ganadero, Florencio Torres, deberá entregar una caballería de
tierras bajas, que posee entre dos ríos, el Lajas y el Damují; que no
sirve para el cultivo de caña. Torres espera por su ultimátum, porque
con él “existe otro arreglo”.

Y se refiere al negocio que hizo con el Gobierno provincial en la ya
lejana zafra de 1970, cuando arrendó varias caballerías en la región de
Palmira, que aún no le han devuelto.

A Orestes Monzón y a su hijo Yosvany les degollaron varios terneros hace
unos días. Con preocupación, dice el joven: “Luego de vendidas, tenemos
siete días para recoger la cerca. Después tengo idea de hacerme de un
carretón pa’ tirar pasaje”.

Source: Ni alimentos ni seguridad jurídica | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1427212999_13575.html

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