Cuban agriculture
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La tierra, para quien la trabaja

La tierra, para quien la trabaja
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 4 Feb 2016 – 10:08 am.

Una vez que arribó al poder imbuido por un voluntarismo exacerbado, el
Gobierno revolucionario ignoró las leyes que rigen la economía y la
subordinó a la ideología. Desde ese momento la pérdida de la autonomía
que requieren los procesos económicos la convirtió en factor de pobreza.

En 1959, con la Primera Ley de Reforma Agraria, el Gobierno entregó
títulos de propiedad a 100.000 campesinos pero concentró en sus manos el
40,2% de las tierras cultivables. En 1963, con la Segunda Ley de Reforma
Agraria, las 1.000 fincas que tenían más de cinco caballerías engrosaron
el fondo de tierras estatales, que aumentó hasta el 70%. En 1976, con el
objetivo de disminuir el número de pequeños propietarios inició un
proyecto de “cooperativización”, mediante el cual creó las Cooperativas
de Producción Agropecuaria (CPA), elevando así hasta el 75% la propiedad
estatal. El resultado fue la ineficiencia, la escasez de productos y los
altos precios, lo que obligó en 1993 a convertir una parte de las
tierras estatales inutilizadas en Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC), pero conservando la propiedad de las mismas.

Catorce años después, el 26 de julio de 2007 en el discurso pronunciado
en Camagüey, el general Raúl Castro reconoció las deficiencias, errores
y actitudes burocráticas o indolentes reflejadas en los campos
infectados de marabú y anunció la decisión de “cambiar todo lo que deba
ser cambiado”. Y en 2008 se promulgó el Decreto Ley 259, mediante el
cual comenzó la entrega de tierras ociosas a particulares. Sin embargo,
la medida soslayó la declaración de “cambiar todo lo que deba ser
cambiado” y se limitó a traspasar en usufructo una parte de las tierras
que el Estado no logró hacer producir. El pobre resultado obtenido no
logró lo que se propuso.

En 1989, de las 170.000 hectáreas de tierra en manos de las UBPC
existentes, casi el 40% permanecían ociosas; su extensión, aunque
abarcaba el 27% de la superficie agrícola del país, solo producían el
12% de los granos, viandas y hortalizas, el 17% de la leche y solo el
27% tenían resultados satisfactorios. En el año 2010 el 15% de las UBPC
cerraron con pérdidas y otro 6% ni siquiera presentó balance económico.
Para detener el deterioro, en agosto de 2012, el Consejo de Ministros
dictó un paquete de 17 medidas y un nuevo Reglamento General para las
UBPC, que reconocía lo que antes se había negado: la “capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones”, es decir personalidad jurídica.

En diciembre de 2012, sin alterar la estructura de la propiedad, se
sustituyó el Decreto-Ley 259 con el Decreto-Ley 300, el cual alivió
algunas restricciones, pero conservó otras e implementó nuevas. En su
artículo 11 reza que: los usufructuarios pueden integrarse a una Granja
Estatal con personalidad jurídica, a una UBPC o a una CPA, para lo cual
“el usufructuario le cede el derecho de usufructo sobre las tierras y
las bienhechurías a la entidad a la cual se integra”.

En 2013, en la reunión del Consejo de Ministros del mes de mayo, Marino
Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Estado, reconoció que “las
medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de
gestionar la tierra, no han conducido al necesario aumento de la
producción”. Finalmente, en 2014 el Decreto-Ley 300 fue modificado con
el Decreto-Ley 311.

La perdida de la autonomía —que es a la economía lo que el oxígeno a los
cuerpos vivos— conjuntamente con el voluntarismo, los métodos de ordeno
y mando, la planificación centralizada, la incapacidad de jefes y
administradores y la merma del interés de los productores, conformaron
la ineficiencia agrícola que caracteriza a la agricultura cubana desde
hace varias décadas.

El proceso descrito demuestra la imposibilidad de resolver la crisis en
la agricultura con el monopolio de la propiedad estatal y conduce al
análisis del usufructo y de las cooperativas en Cuba.

Las cooperativas y el usufructo

En cuanto a las cooperativas, la Declaración de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), adoptada en 1995, define las cooperativas como
“asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada”.

De acuerdo a esa definición las creadas en Cuba —con excepción de las
Cooperativas de Créditos y Servicios, que aunque sin personalidad
jurídica, los campesinos conservaron la propiedad de la tierra y los
medios de producción— no clasifican como tales.

Las Cooperativas Cañeras, creadas en marzo de 1960 en áreas que antes
pertenecían a los ingenios azucareros, casi inmediatamente fueron
convertidas en empresas estatales. Las CPA surgidas en 1976 con el
propósito de reducir aún más la cantidad de tierras en manos privadas,
también fue una decisión estatal. Y las UBPC, organizadas en 1993, no
resultaron de una verdadera socialización, sino de la crisis en la
agricultura estatal.

Si las cooperativas en Cuba se crean por voluntad del Estado; si su
reglamento lo emite el Consejo de Ministros; si el que autoriza su
constitución es quien controla, evalúa su funcionamiento y define cuando
los “asociados” pueden contratar trabajadores asalariados; si las
actividades y tareas que pueden asumir los “socios”, se crean en los
lugares que el Estado decide, y “se ocupan de los segmentos del mercado
que no resultan competitivos para la empresa estatal”; y encima de lo
anterior, el Estado conserva la propiedad sobre los medios fundamentales
de producción, entonces no son verdaderas cooperativas, sino
cooperativas estatales de usufructuarios.

Una prueba contundente de ese falso cooperativismo fue el reporte
publicado en el diario Granma del viernes 25 de enero de 2013, donde se
dio a conocer la decisión de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP) de sustituir o liberar de sus funciones a 632
presidentes de cooperativas agrícolas.

Por su parte, el usufructo consiste en el disfrute de un bien ajeno. Si
se hubiera sido consecuente con el principio de “cambiar todo lo que
deba ser cambiado”, las tierras ociosas e infectadas de marabú, se
hubieran entregados en propiedad a los que trabajan la tierra. Nada
justifica que los productores privados, que han demostrado capacidad
para producir con eficiencia, sean usufructuarios y el Estado,
responsable de la ineficiencia, sea el propietario. La pregunta nos
remite a una de las razones declaradas de la revolución de 1959 de
entregar la tierra a los campesinos: ¿Por qué ahora la tierra no es de
quien la trabaja?

Ni las tierras estatales, ni las cooperativas creadas por el Estado, ni
las 17 medidas de 2012, ni los sucesivos decretos que entregaron tierra
en usufructo han logrado sacar a la agricultura cubana de la crisis
creada por el monopolio estatal de la propiedad, al contrario, la crisis
se ha agudizado. Tal resultado, quiérase o no, coloca en el orden del
día la necesidad una nueva reforma dirigida a eliminar los latifundios
estatales, convertir a los actuales usufructuarios en propietarios y
transformar el resto de la propiedad estatal en propiedad privada y en
grandes empresas cooperativas.

Por tanto lo que se impone es determinar cuál o cuáles son las formas de
propiedad más eficaces en cada momento y lugar para el desarrollo
personal y social, que es lo que hace de la institución de la propiedad
un fundamento del orden personal y social.

El no reconocimiento de esa necesidad explica que los administradores de
cooperativas puedan ser separados no por los socios, sino por una
institución paraestatal como es la ANAP, o que el segundo secretario del
PCC amenace a los usufructuarios con la enfática declaración: “La tierra
es del Estado” y “Se la quitamos sin mucha discusión”. La pregunta que
cae de su propio peso es: ¿Y qué va a hacer el Estado con una tierra que
nunca logró hacerla producir?

La respuesta pasa por la democratización de las relaciones económicas,
para que de forma paralela al Estado, los cubanos participen como
sujetos con derechos institucionalizados.

Source: La tierra, para quien la trabaja | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1454576880_19959.html

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