Cuban agriculture
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Quién estafa a quién?

¿Quién estafa a quién?
En Cuba el Estado actúa al mismo tiempo de comprador monopolista y
vendedor usurero
martes, febrero 16, 2016 | Alberto Méndez Castelló

LAS TUNAS, Cuba.- “La cadena revienta siempre por el eslabón más débil,
y en la cadena que es Cuba, nosotros, los campesinos, somos el anillo
más gastado del grillete. Tan temprano como en enero de 1961, hasta los
linderos nos lo pusieron en el nombre para que ni soñáramos con crecer:
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños nos bautizaron. En Cuba
todo lo grande y fuerte es del Estado, o mejor dicho, de quienes dicen
representar al Estado”, dijo a este corresponsal en alusión a las nuevas
ordenanzas agrícolas un ex profesor, ahora empleado en labores rurales.

Congruente con la nueva política de “ordenamiento de la producción y
comercialización de los productos agrícolas” ejecutada por el Estado en
Cuba, la pasada semana entró en vigor en la provincia Las Tunas una
nueva lista oficial de precios para los frutos del campo.

Extinto el breve experimento de “mercado libre” en el campo cubano, en
lo adelante y como en el pasado, ahora será la estatal empresa de Acopio
no sólo la rectora de la compraventa de las producciones agropecuarias,
sino también la encargada de velar por cuánto se siembra y cuánto se
cosecha.

Omar Pérez López, delegado del ministerio de la Agricultura en Las
Tunas, dijo al semanario 26, órgano de prensa del comité provincial del
Partido Comunista (PCC) en la provincia, que “una de las decisiones
fundamentales es rescatar toda la infraestructura de Acopio”. Todavía
existen en este territorio antiguas plazas de Acopio según las derrumbó
el huracán Ike en septiembre de 2008.

El rescate además de transportación e infraestructura incluye completar
la estructura de los acopiadores en el territorio, “lo cual permitirá
que el comprador-visitador, el gestor y el jefe de Acopio en los
municipios sean capaces de visitar las fincas, calcular rendimientos,
exigir por las siembras y ratificar en el mes lo que tienen los
productores, para a partir de ahí hacer el balance y decidir el
destino”, dijo el delegado Pérez López al semanario 26.

El semanario del PCC también informó el pasado viernes que, “se
desarrolla y refuerza en la provincia una operación liderada por la
Policía y de conjunto con el MININT (Ministerio del Interior) para
enfrentar los delitos y frenar un grupo de acciones referidas a la
entrada y salida de productos no controlados e ilegales en todos los
municipios. Acciones que se van a enfrentar sin dilación”.

En Cuba está prohibido desde hace muchos años el comercio de productos
lácteos entre particulares, así como el de la carne vacuna y el café.
Ahora en Las Tunas también constituye una infracción la compraventa de
papas, entre otros productos agrícolas.

Acorde con esta advertencia del medio oficial del PCC y en concordancia
con el Código Penal vigente en Cuba, quienes incurran en “la entrada y
salida de productos (agrícolas o ganaderos) no controlados e ilegales en
todos los municipios” de la provincia Las Tunas, y del país con
resoluciones gubernativas similares, pueden ser enjuiciados por delitos
tipificados como infracción de las normas de protección de los
consumidores, actividades económicas ilícitas o especulación y
acaparamiento, que, según la infracción, puede conllevar de seis meses a
dos años de privación de libertad, o multas de cien a mil cuotas. Las
cuotas pueden ser de uno hasta cincuenta pesos. Esto, con independencia
a otras acciones administrativas que policías e inspectores están
autorizados a aplicar, entre ellas el comiso de mercancías o medios de
transporte.

En una reunión efectuada recientemente por las máximas autoridades del
municipio Puerto Padre, en la costa norte de Las Tunas, en el Oriente
cubano, Roy Molina Campo, primer secretario del PCC en este territorio,
dijo que los carretilleros (vendedores ambulantes de productos
agrícolas, quienes fueron convocados a reunirse en el Gobierno este
jueves) están autorizados a comprar sus mercancías directamente a los
productores agrícolas, siempre que cumplan con la lista oficial de
precios, informó la emisora local Radio Libertad.

Según las actuales ordenanzas oficiales, que van contra la hasta ahora
muy publicitada política de “oferta y demanda” del mercado agropecuario
cubano –como en el pasado reciente, cuando por medio siglo estuvieron
vigente en Cuba relaciones contractuales entre el Estado y los
agricultores de corte estalinista–, también ahora los campesinos están
obligados a vender el 80 por ciento de sus producciones a la estatal
empresa de Acopio a los precios establecidos por las entidades
gubernamentales, en vigor a partir del próximo fin de semana en Las Tunas.

Luego de cumplir “el plan” con la gubernamental empresa de Acopio, los
campesinos podrán disponer del 20 por ciento de sus cosechas, la que
podrán comercializar por sí mismos en los mercados agropecuarios a
precios diferenciados, o a través de carretilleros ambulantes a los
precios establecidos por el Estado.

“El problema es que quieren hacer revolución a costa de nosotros, como
si los campesinos y los carretilleros fuéramos unos estafadores y los
del partido (PCC) y el gobierno los cuidadores del pueblo”, dijo un
campesino, ex directivo de una empresa agrícola, entrevistado para este
reportaje a condición de anonimato, preguntando: “¿Por qué también ellos
no bajan los precios en las TRD?” (Tiendas Recaudadoras de Divisas).

Concluyendo el agricultor: “El Estado (…) por el quintal (cien libras),
nos va a pagar 110 pesos. Pero vaya usted a una TRD y vea, venden una
lata que no llega al galón de salsa de tomate para pizzas en 5.35 CUC,
más de 133 pesos. Con un quintal de tomates el Estado produce por lo
menos cuatro latas de salsa para pizzas que vende en más de 500 pesos en
las TRD; igual con la leche en polvo, la carne de res, el café y todo
cuanto compra y luego revende. Entonces… en Cuba, ¿quién estafa a quién?”

Source: ¿Quién estafa a quién? | Cubanet –
www.cubanet.org/actualidad-destacados/quien-estafa-a-quien/

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